Transparencia e imparcialidad en la asignación de fondos públicos

Como resultado de una larga lucha, actualmente se reconoce el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil en la promoción del desarrollo social. Sólo durante 2006, el gobierno federal asignó poco más de 1,660 millones de pesos para apoyar los proyectos de aproximadamente 2,300 organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Durante décadas, los fondos públicos que el Gobierno Federal destinaba a las OSC se repartieron de acuerdo a una lógica clientelar: el interés de los funcionarios públicos determinaba quiénes los recibían y cuánto les era aportado. Para reducir ese margen de discrecionalidad, que caracterizaba las relaciones entre el gobierno y las OSC, se ha construido un marco legal e institucional sustentado en reglas de operación definidas y en principios de transparencia, pero no puede saberse cuánto hemos avanzado y cuánto queda por hacer sin revisarlo.

El marco legal e institucional que rige la asignación de fondos públicos para fomentar el trabajo de las OSC pretende acabar con la discrecionalidad con que anteriormente se asignaban los recursos públicos. Su objetivo es propiciar una relación de corresponsabilidad transparente y profesional entre el gobierno y la sociedad civil, pero ¿cómo opera, en la práctica, la asignación de fondos públicos?, ¿estos recursos se asignan de manera transparente?

Con esas preguntas como guía, Alternativas y Capacidades revisó el desempeño del Programa de Coinversión Social (PCS) del Indesol entre 2005 y 2008. Se escogió el PCS por ser un modelo de referencia sobre la forma en la cual el gobierno otorga financiamiento a proyectos propuestos por la sociedad civil.

Alternativas y Capacidades pone a disposición de sus visitantes los resultados de su investigación, las leyes y reglamentos que regulan la relación entre las OSC y el gobierno federal, y algunas de las muchas historias que muestran la necesidad de revisar ese marco legal.